Articulo De El Pais: vandalismo ya no queda impune en Cali - Por: Santiago Cruz Hoyos | Reportero de El País Domingo, Junio 9, 2013
A veces aparecen cuerpos calcinados. Se queman bajo la calle. Indigentes, sobre todo, aunque también les pasa a otros. Drogados, buscando dinero para seguir consumiendo, algo que puedan vender rápido, destapan las cámaras subterráneas, cortan los cables de energía suponiendo que son los de los teléfonos, se electrocutan. A veces sucede lo mismo pero en las alturas, allá en los transformadores de los postes de luz.
La mayoría muere. Una muerte terrible. Nelson Vásquez, del Observatorio del Delito a la Infraestructura de Servicios Públicos, dice que los que sobreviven quedan inválidos. Otros, amputados de manos, de brazos. “He visto varios casos”.
Robar la infraestructura de Cali y su mobiliario está resultando inevitablemente mortal para los que se lucran con ello. No solo están perdiendo la vida, no solo están quedando heridos. También los están enviando a la cárcel. Los capturados de este año son tantos que podrían llenar dos buses: 78, tres cada semana en promedio.
Desde 2011, además, son 140 los detenidos en flagrancia. Y no solo eso. Según los datos de Gustavo Adolfo Martínez, abogado y asesor de Emcali para asuntos penales, a 65 de ellos les profirieron sentencia condenatoria.
Es decir: ya no los dejan libres tan fácilmente. Es decir: hay gente en prisión por lo que hace un par de años era considerado un delito menor... robarse una luminaria, un cable, el contador de la esquina.
A Óscar Fajardo Ruiz, capturado por robarse una lámpara estilo farol colonial, lo condenaron a 40 meses y 15 días de cárcel, por ejemplo; Jesús Alberto Salinas, que se robó y dañó una tapa del alcantarillado, deberá pagar una pena de 48 meses; Jhon Eduard Gallego Ortiz, que hurtó un contador de una clínica, fue condenado a 15 meses. La lista de los judicializados es larga.
Quizá los vándalos desconocen que los están persiguiendo. No tendrán la menor sospecha que casi 100 motorizados armados y divididos por cuadrantes están custodiando la infraestructura de Cali en conjunto con la Policía.
Se trata de guardas de seguridad privados que trabajan para las empresas prestadoras de servicios públicos. Se unieron para protegerse: Emcali, Movistar, Claro.
Así, intentan reducir las pérdidas por los robos, unas fortunas que si se juntaran, no cabrían en la calculadora.
Durante 2012, solo en reposición de luminarias hurtadas, Megaproyectos invirtió $334 millones. Apenas entre enero y mayo de este año la suma ya va en $170 millones.
Emcali Telecomunicaciones, calcula Rubén Chávez, jefe del departamento de redes, pierde $1.000 millones cada año. El Departamento de Recolección de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado perdió la mitad en 2012, $500 millones, solo por el hurto de las tapas. A diario, la empresa tiene que reponer entre 25 y 30 tapas. Una sola cuesta $330.000. Los vándalos la comercializan en máximo, $10.000.
Y no se salva nada: cada mes se roban 440 medidores de agua; cada año la Secretaría de Tránsito se gasta $20 millones para reponer señales viales y $42 millones en la recuperación de semáforos que también dañan para sacarles los cables.
Hasta las plantas y las flores de las estaciones del MIO se las roban. También los grifos de los bebederos de agua del nuevo Bulevar de la Avenida Colombia. Un lector de este diario lo denunció. A los vándalos los enfrentó con un palo de granadillo, recuperó el grifo.
Además de los motorizados, cada vez más los mismos habitantes intentan proteger la ciudad, están denunciando. Al fin y al cabo, las pérdidas son para Cali. Lo que se roban debemos pagarlo de nuestro bolsillo, en cada factura. Por cierto: ¿cuántos negocios no habrán perdido dinero porque algún vándalo robó un cable y se quedaron sin Internet, sin teléfono, durante horas? Hay otras pérdidas que aún nadie ha calculado.
No se trata, entonces, de un delito menor. Toda una ciudad entera se afecta. En parte por eso, la justicia empezó a cambiar su rasero para castigar a los delincuentes.
El abogado Gustavo Martínez también es responsable de ello, de ese cambio en la justicia. A Emcali entró en el 2011. Y en ese entonces se dio cuenta que cuando la Policía capturaba a un vándalo que había robado una tapa, un cable, lo que sea que fuera de la empresa, la compañía no se hacía presente en las audiencias.
Es decir: no había víctima que reclamara, que exigiera justicia. Como aparentemente no se afectaba a nadie, a los vándalos los dejaban en libertad. Gustavo Martínez tuvo que atender a este diario por teléfono, precisamente porque estaba en una audiencia.
Para lograr que la justicia impusiera penas ejemplares por vandalismo fue un proceso largo, dice. Primero tuvo que hacerles entender a los jueces que Emcali efectivamente era una de las principales víctimas de los delincuentes, luego debía tener voz en los procesos, tenía ese derecho. Y una víctima en Colombia, con argumentos, también tiene el derecho de pedir cárcel contra sus verdugos.
Gustavo Martínez lo empezó a hacer. La misma ley lo respalda. Robar el mobiliario y la infraestructura de una ciudad es considerado como “hurto calificado y agravado”. Lo dice el Código Penal.
Hurtar, por ejemplo, cien metros del cableado telefónico da cinco años de cárcel. Como además es un bien expuesto a la confianza pública, eso convierte el hurto en agravado, eso hace que la pena aumente dos años y medio, supere los cuatro años de condena, convierta al delito en no excarcelable. El abogado de Emcali empezó a exigir que todo ello se cumpliera. Fue una manera, explica, de contrarrestar el cartel del cobre, hacerlo retroceder.
¿Quiénes son los ladrones?
Según el coronel de la Policía Carlos Gaitán, la mayoría de los responsables de los hurtos a la infraestructura de Cali y su mobiliario son los habitantes de la calle. Venden el cobre y el hierro o los cambian por droga en chatarrerías ubicadas en el centro, barrios como
El Calvario. También en Siloé, al sur, aunque en realidad no conoce cuántas son.
Pero, también, la seguridad privada de Emcali ha detectado bandas organizadas, una mafia. Tienen carros, motos, aparatos especiales para levantar tapas, uniformes de la empresa con los que suplantan al personal para robar las redes de telefonía y energía.
Germán Huertas, jefe de seguridad de Emcali, advierte que las bandas estarían llevando el cobre hasta el puerto de Buenaventura para sacarlo muy lejos: China.
Tiene sentido. Desde 2005 y 2006, explica el ingeniero Rubén Chávez, se disparó el delito del hurto de cobre. Es un material necesario para la industria de la electrónica. Su demanda creció en países que son potencia en ello como China. También India. Y sucedió que las naciones que lo producen- Chile por ejemplo- no alcanzaron a cubrir la demanda.
Colombia, entonces, se volvió exportadora de cobre, aunque no lo produce, no tiene una sola mina. En siete años, las ventas al exterior aumentaron un 114 % según un informe de la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Si no se produce el metal, de dónde sale entonces?
Los robos a la infraestructura de la ciudad tienen parte de la respuesta. En todo 2012, en Cali, se presentaron 348 casos.
Y es un negocio millonario. Un kilo de cobre, dependiendo de cómo esté el mercado, los delincuentes lo venden en el exterior en $47 mil promedio. A Emcali, en apenas 5 meses de este año, le han robado 1500 metros de cable que pesan 750 kilos. Las ganancias para las grandes bandas tampoco caben en la calculadora.
Lo mismo sucede con las inversiones de las empresas para protegerse. Las redes de teléfono de Emcali, cuando las cortan, emiten alarmas que son escuchadas en centrales de monitoreo. Los motorizados salen.
