“Hay fiscales que consideran que robo de alcantarillas no es delito”: abogado Emcali
Gustavo Martínez, abogado de Emcali, habla de las dificultades jurídicas en la lucha contra el robo de infraestructura de servicios públicos en la ciudad.
Emcali tiene un departamento jurídico que ha hecho un trabajo muy importante en la judicialización de delincuentes. La situación de los robos, pese los esfuerzos, se sigue repitiendo...
Y se seguirá repitiendo hasta que no haya un compromiso decidido de la Fiscalía para considerar que este delito, consagrado en el Artículo 240 y 241 del Código Penal como hurto calificado y agravado, es así. Un consideración que deben tener en cuenta sobre todo las Unidades de Reacción Inmediata, URI, porque para la Policía y el grupo de seguridad de Emcali, al momento de poner a disposición de las autoridades a los delincuentes que atentan contra la infraestructura de servicios públicos, es muy difícil ver cómo son dejados en libertad poco después.
¿Y eso por qué pasa?
Porque consideran que como una tapa de alcantarilla no supera el equivalente a un salario mínimo legal vigente, la pena será nada. Pero ese delito tiene una pena mínima de cinco años de prisión.
Estamos hablando de un asunto repetido: la flexibilidad de la ley...
Exacto. Por parte de las Fiscalías Seccionales se le está haciendo un esguince a la ley. Porque no están tomando en consideración que este delito tiene una circunstancia de agravación. La Sala Penal del Distrito Judicial de Cali lo dijo: estamos hablando de bienes expuestos a la confianza pública, por lo cual la pena se aumenta de la mitad a las tres cuartas partes.
Hablar de un esguine a la ley, es hablar de una falta a la ley...
Lo que pasa es que es un esguince jurídico. Todo lo que es ley penal, procesal penal, es dialéctico, discutible. Todo es objeto de discusión. Pero yo sostengo, ante cualquier tribunal, que no está bien hecho lo que están haciendo las URI. La ley tiene posibilidad de ser interpretada, pero para este caso no. Se están tramitando las capturas en flagrancia de una manera errática: cuando se dejan en libertad a estos delincuentes, el expediente, la carpeta del proceso, pasa a otro fiscal, un fiscal de conocimiento, y hay varios fiscales que consideran que esto no es delito, que no hay lesión. Esto en términos jurídicos significa que han archivado procesos por atipicidad de la conducta o ausencia de antijuricidad, algo así como que no existe el delito o no se causó daño; esto es una miopía mental deliberada porque ¿cómo no va a haber daño? Estamos hablando de un daño pluriofensivo porque tiene consecuencias impredecibles.
Si hay fiscales que no consideran esto un delito, reemplazar tapas, prevenir robos, capturar a los ladrones, está siendo, de alguna manera, un trabajo estéril...
Sí, ha sido una lucha. Ha sido muy difícil hacer entrar en razón a fiscales, a veces a algunos jueces, sobre el hecho de no aplicar una justicia de conmiseración. Y sí, es cierto, las cárceles están hacinadas, pero eso no es asunto de los fiscales, ni de las víctimas de los hurtos, ni de Emcali. Eso es un asunto de Gobierno.
Este año han capturado 110 personas robando infraestructura. ¿De esas cien, en promedio, cuántas a la cárcel?
Una mínima proporción. A algunas se les ha archivado la investigación por considerar que no hubo daño a la empresa. Privadas de la libertad hay un poco más de veinte personas.
A pesar del esguince, entonces, algunos delincuentes pagan condena. ¿Qué tanto ha aumentado ese logro de la justicia con respecto a años anteriores?
Hace tres años se capturaba y judicializaba una persona al año, máximo dos. Hemos pasado de una a cien: un incremento del diez mil por ciento.
Hablan de ocho bandas desmanteladas, ¿Dan tanto las alcantarillas?
De tapas, habrá una banda. Sobre todo hay bandas que se dedican al hurto de cable. Porque el cable sí vale dinero. Son bandas del cobre, que no se meten con las tapas. Esas bandas cortan un segmento de cable subterráneo, el equivalente a cien metros, lo que hay en una cuadra, levantan la tapa de las cámaras de telecomunicaciones y cortan el cable. Ahí es cuando lo aferran al wincher de un carro y lo extraen.
A pesar de la desmantelación, siguen operando...
Más que desmantelarlas, las hemos desestructurado. Porque hemos hecho de a dos capturas y en estas bandas trabajan por encima de tres hombres, podrían ser cinco o más.
¿Qué hacen ellos con ese cable?
Hemos identificado una pirámide. Ese cable hurtado lo pasan a los chatarreros, que lo acumulan en un significativo número de kilos, para a su vez vendérselo a los exportadores que, en toneladas, lo sacan del país. Ese cobre va generalmente a Oriente. Donde mejor pagan es en China. Mucho de ese cobre sale por Buenaventura y lo justifican como retal.
Si han logrado identificar una estructura piramidal, ¿han podido descifrar más de la operatividad del cartel del cobre?
Hay tres niveles: los que lo hurtan, los chatarreros, que son los receptadores, y finalmente los exportadores. Es difícil identificar los dos niveles superiores de la pirámide. Pero estamos atacando el nivel base; es como en el narcotráfico: si atacas a los cultivadores es un comienzo, porque no habrá nada para procesar ni vender.
Así pues, el rigor de la ley también se necesita contra los chatarreros..
La ley está y es rigurosa. Falta mayor compromiso de las autoridades. Ellos creen que el patrimonio de Emcali no se ve afectado. E insularmente cada delito es nada. Pero si tomamos todos los kilómetros de cable hurtado, eso suma diez mil millones de pesos. Y lo mismo las tapas: una sola no vale nada, pero si consideramos los 150 o 200 millones que suman al año, eso sí es plata.
